En agosto del año 2020 entró en vigencia la ley 21.214, también conocida como ley Chao DICOM, pero ¿Qué es esta ley y cómo funciona? ¡Aquí te lo contamos!
¿Qué es la ley Chao DICOM?
Es una ley que prohíbe que las personas que tienen deudas por un crédito universitario (CAE, Corfo, fondo solidario o cualquier otro), vayan a DICOM.
¿Cómo funcionaba antes de esta ley?
Antes de la entrada en vigencia de esta ley todas las personas que tenías deudas estudiantiles, como por ejemplo el CAE o el crédito CORFO, podían ir a DICOM y enfrentarse a todos los problemas que estar en el boletín comercial trae.
Sanciones por incumplimiento de esta ley
Si tienes una deuda estudiantil y aún así te enviaron a DICOM, tienes dos opciones.
La primera es presentar un recurso de protección en la corte de apelaciones respectiva. ¿Para qué servirá esto? Para que corrijan el error y te saquen de DICOM por tener una deuda estudiantil.
Tu segunda opción es realizar una acción civil (una demanda civil) en la que demandas a la empresa por publicar tus datos, acusando que te causó un perjuicio (un problema).
Esta segunda opción puede ser un poco más larga, pero si se comprueba que te causó un problema real (puede ser personal, laboral u otro), podrías recibir una compensación económica de hasta $500.000 y la empresa (en este caso DICOM), podría ser multada con hasta 50 UTM ($2.500.000).
¿Con esta ley desaparece mi deuda estudiantil?
Este punto es muy importante y lo consultan mucho, pero lamentablemente debemos aclarar que con esta ley solo se elimina el registro como deudor de DICOM y otros boletines de deudas, pero la morosidad sigue existiendo.
¿Qué significa que la morosidad siga existiendo? Que podrás verte expuesto a todo el proceso de cobranza extrajudicial y judicial, es decir llamados telefónicos, demanda e incluso un embargo.
¿Qué dice la ley Chao DICOM?
“No podrá comunicarse la información relacionada con las deudas contraídas con instituciones de educación superior de conformidad a las leyes números 18.591 y 19.287, ni aquellas adquiridas con bancos o instituciones financieras de conformidad a la ley Nº 20.027, o en el marco de las líneas de financiamiento a estudiantes para cursar estudios en educación superior, administradas por la Corporación de Fomento de la Producción, ni alguna deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional formal en cualquiera de sus niveles”.